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SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo promulgó este viernes la Ley 139-11, con la que el gobierno contempla recaudar RD$9,600 millones para aumentar sus ingresos y poder mantener el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como destinar mayor recurso al sector educación.
Pese a que propuesta de reforma fiscal del Gobierno fue consensuada con algunos sectores productivos del país, entidades empresariales como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) advirtieron de los efectos negativos que tendrá para el país el “paquetazo”.
Para el CONEP, la reforma impositiva tendrá un fuerte impacto negativo en los sectores productivos y afectará la competitividad del país. De su lado, los ejecutivos de ADOZONA la calificaron como un tiro mortal al desarrollo productivo y al clima de negocios del país.
También los sectores populares organizados, entidades de la sociedad civil y líderes políticos han expresado su rechazo a las nuevas cargas impositivas.
La ley firmada por el vicepresidente de la República, ahora Encargado del Poder Ejecutivo, Rafael Alburquerque, modifica la Ley No.351, de fecha 6 de agosto de 1964 y la No. 29-06, de febrero de 2006.
En lo adelante, el artículo 297 del Código Tributario establece que las personas jurídicas domiciliarias en el país pagarán el 29% de Impuesto Sobre la Renta, el cual fue aumentado de 27% a 29%.
Explica que es necesario incrementar de forma sostenida el gasto en educación como uno de los componentes estratégicos del desarrollo económico y social. Las medidas adoptadas en la Ley 139-11 tendrán vigencia por dos años a partir de su promulgación.
En su artículo 14 establece un impuesto como régimen simplificado para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a la operación de los casinos de juego legalmente establecidos, basado en el número de mesas en operación. En la escala de 1 a 15 mesas pagarán 32 mil pesos mensuales cada una, de 16 a 35 mesas, 37 mil 500 pesos, y de 36 en adelante, 50 mil pesos cada mesa.
Mientras que en el artículo 36 establece un impuesto único de 35 mil pesos anuales a las bancas de lotería.
En el artículo 4 crea un impuesto a las bancas de apuestas por operación en escala, de acuerdo a su ubicación geográfica. Las del Distrito Nacional, las provincias Santo Domingo, San Cristóbal, Santiago, Duarte, Puerto Plata y La Vega pagarán al Estado 225 mil pesos anuales.
Además, señala la ley que estos impuestos serán cobrados por la Dirección General de Impuestos Internos, y que el Ministerio de Hacienda velará por el fiel cumplimiento de lo dispuesto en la presente legislación.
Se establece también en los artículos 6 y 7, un impuesto a la organización de juegos telefónicos y de Internet de un 10% mensual sobre la base de sus operaciones o ventas brutas.
La ley 139-11 aclara en su artículo 8, que durante un período de tiempo de diez años el Estado dominicano no autorizará la instalación de nuevas bancas de apuestas en deportes ni de lotería.
Otros impuestos cargarán sobre las Personas Jurídicas domiciliadas en el país, de un 29 por ciento sobre su renta neta gravable desde el ejercicio fiscal de este año 2011, como son las sociedades de capital, las empresas públicas por sus rentas de naturaleza comercial, y las demás entidades contempladas en el artículo 299 de este título, por las rentas diferentes a aquellas declaradas exentas, que son las sucesiones indivisas, las sociedades de personas, las sociedades de hecho, y las sociedades irregulares.
La reforma fiscal crea un impuesto anual a los activos netos de los bancos y otras entidades financieras y un gravamen de 2.5% a las zonas francas.
Además, aprueba establecer un impuesto como régimen simplificado para el pago del Impuesto Sobre Renta de 5% sobre las operaciones brutas de cada máquina tragamonedas en operación, instalada legalmente, sin importar su ubicación geográfica